James Freed abrió una cuenta de Facebook en 2008. Como millones de estadounidenses, recibía en ella comentarios y críticas. Cuando le molestaban, los borraba y bloqueaba a los autores. Sin embargo, Freed es el gerente de Port Huron, una ciudad de 30.000 habitantes de Míchigan. Uno de los seguidores bloqueados denunció que con su actuación estaba violando su libertad de expresión y su caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Otro caso similar relativo al consejo escolar de Poway (California) también escaló hasta el Alto Tribunal. Los nueve jueces han dictado este viernes de forma unánime dos sentencias en la que por unanimidad señalan que un cargo público puede bloquear a sus seguidores si hace un uso personal de la cuenta, pero no si ejerce en ella su autoridad.
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