La inteligencia artificial (IA) se ha metido en nuestras vidas de forma vertiginosa (hace menos de un año de la irrupción de ChatGPT) y dirige ya, sin que nos demos cuenta, casi todas las actividades cotidianas, desde las películas que vemos hasta nuestro trabajo, compras o relaciones. Un estudio sobre su uso en objetivos de sostenibilidad, publicado en Nature, detectó que entre el 70% y el 80% de los usos tienen consecuencias positivas, pero el resto de los efectos pueden ser negativos. Estos porcentajes son extrapolables a otras áreas y ambos son cruciales porque afectan a las vidas, a la salud, a la convivencia, a la democracia o a la capacidad de desarrollo. Hasta ahora solo había principios éticos insuficientes. El presidente de EE UU, Joe Biden, acaba de firmar un decreto que obliga a las tecnológicas a notificar al Gobierno cualquier avance que suponga un “riesgo grave para la seguridad nacional”. El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha convocado este miércoles y jueves una cumbre de la que ha surgido el primer compromiso de 28 países y de la UE sobre estos sistemas (Declaración de Bletchley) y la creación de un grupo de expertos para el seguimiento de sus avances. La Unión Europea ultima su propia norma: la AI Act. La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, estima que se aprobará en las próximas semanas.
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