- Una socia de Omint pidió que le practicaran un aborto en una clínica privada.
- Defensa del Consumidor falló contra la prepaga por no garantizar la prestación.
- La Ley 27.610 prevé la objeción de conciencia profesional pero no institucional.
El Gobierno impuso una multa de 5 millones de pesos a una prepaga por negarle una prestación a una afiliada
