La inteligencia artificial (IA) deja de ser un territorio sin ley. La aprobación de la norma europea (AI Act) se aplicará gradualmente en los próximos dos años a todo sistema que se utilice en la UE o afecte a sus ciudadanos y será de obligado cumplimiento para proveedores, implementadores o importadores. En este sentido, la ley abre una brecha entre las grandes empresas, que ya han previsto las limitaciones a sus desarrollos, y las entidades menores que quieran desplegar modelos propios a partir de las crecientes aplicaciones de código abierto (open source). Estas últimas, si no tienen capacidad de examinar sus sistemas, dispondrán de entornos de pruebas reglamentarios (sandboxes) para desarrollar y entrenar la IA innovadora antes de su introducción en el mercado. Pero su disponibilidad abre interrogantes sobre la capacidad de controlar sus usos, extendidos en la creación de pornografía no consentida y en campañas de fraude.
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